Indemnizan en Les Borges a un interino con 38.000 euros, que pierde la plaza de interventor eventual, y al día siguiente ocupa una plaza similar

El ayuntamiento de Les Borges Blanques ha indemnizado con 38.000 euros al interventor interino, que perdió su plaza en el consistorio el pasado mes de febrero cuando otra persona cubrió su puesto de forma definitiva. Sin embargo, volvió a trabajar al día siguiente. El consistorio volvió a contratarlo para cubrir de urgencia otra plaza del área de intervención, vacante desde hace un año, “para afrontar una situación de excepcionalidad y para asegurar el funcionamiento del ayuntamiento”, explicó el alcalde, Josep Farran.

El primer edil afirmó que así lo establece la normativa y que es “el peaje que debe pagar el ayuntamiento por la falta de planificación del Estado en relación con la oferta pública de plazas de Secretaría, Intervención y Tesorería”. Esta situación, aseguró Farran, “obliga a los consistorios a afrontar estos costes”. 

Avanzó que el consistorio trabaja para dotarse de una estructura istrativa más estable y menos dependiente de los interinajes. “Lo importante es disponer de un perfil polivalente que pueda cubrir de manera accidental las bajas en el área de secretaria, intervención y tesorería”, dijo. En cuanto al secretario, en abril el consistorio consiguió recuperarlo un día a la semana, después que dejara su cargo al ganar una plaza en el consell de la Noguera. El equipo de gobierno pidió a la dirección general de istración Local que pudiese regresar en comisión de servicio de un año mientras se abre un nuevo proceso para cubrir la plaza.

Por otra parte, en el pleno del pasado abril, el grupo municipal de Junts cuestionó la justificación que Borges per la República (BxR), miembro del gobierno local, hizo de las aportaciones del consistorio a los grupos políticos de la capital de Les Garrigues. Junts aseguró que BxR justificó una factura con fecha del 27 de febrero de 2025, correspondiente, según Junts, a gastos de 2024. 

Los juntistas recordaron que la normativa establece que las justificaciones deben hacerse, como máximo, hasta el 31 de diciembre del año en cuestión. Consideraron esta cuestión una falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos. Por su parte, el alcalde, Josep Farran, restó importancia a las acusaciones y explicó que la factura es de 2024 y “no se trata de una situación excepcional, ha sucedido en otras ocasiones y con otras formaciones políticas”, dijo.