TRIBUNALES
El Supremo sitúa al fiscal general a un paso de banquillo por revelación de secretos
El juez instructor acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber ordenado la filtración del correo del novio de Ayuso. Álvaro García Ortiz reitera su “inocencia” y descarta presentar la dimisión

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. - CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así, el magistrado deja a García Ortiz a un paso de sentarse en el banquillo, lo que conllevaría su inhabilitación en una situación inédita en la historia democrática. Y lo hace basándose principalmente en la filtración del email donde González Amador se ofrecía a reconocer delitos contra la Hacienda Pública para pactar con la Fiscalía. Hurtado cree que el fiscal general actuó por “indicaciones” de Presidencia del Gobierno.
El magistrado señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado de González Amador “de común acuerdo” itía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Un correo que le fue remitido por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Hurtado destaca que dicho correo “contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales” de González Amador, “en una conversación privada” entre letrado y fiscal que está “sujeta a criterios de reserva y confidencialidad”, como marca el protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía, y que “llevan aparejado un deber de discreción”, por razón del cual “no es tolerable divulgación alguna a terceros”.
Argumenta que “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” tras lo publicado por el diario El Mundo el 13 de marzo de 2024 a las 21:29, el fiscal general, “con la finalidad de ganar el relato” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un pacto de conformidad, “entró en una dinámica de un frenético intercambio” de mensajes con otros fiscales para dejar claro que la Fiscalía no había ofrecido ningún acuerdo.
Tras conocer su procesamiento, García Ortiz manifestó que no se plantea dimitir. La Fiscalía informó que este “reitera su inocencia” y “se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma”.
El viernes García Ortiz pidió al juez instructor que archivara las pesquisas en su contra al considerar que el hecho de que González Amador no solo fuera consciente sino que autorizara las negociaciones en marcha para llegar a un acuerdo con Fiscalía, y de que consintiera que se informara a la prensa de un email de su defensa con el fiscal, elimina cualquier secreto en torno a esos os.
El Ejecutivo cierra filas y rechaza que hubiera dado instrucciones
Frente al anuncio del procesamiento del fiscal general, varios ministros salieron a defender públicamente a Álvaro García Ortiz. En primer lugar, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, consideró que es compatible que el fiscal general continúe con el cargo a pesar de haber sido procesado, reiterando así que sigue contando con la confianza del Gobierno y que “en ningún caso” pedirá su dimisión.
Además, Bolaños negó “rotunda y categóricamente” que Presidencia del Gobierno diese instrucciones al fiscal en el caso que afecta a Alberto González Amador, y lamentó que el Supremo haga esta afirmación, a su juicio, sin pruebas.Así, expresó la “confianza plena” del Ejecutivo en el fiscal porque, afirma, es habitual que “delincuentes presuntos” que se ven sometidas a procesos penales “arremetan contra los fiscales”. Previamente se había manifestado al respecto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que también afirmó que el Gobierno mantiene la “confianza” en García Ortiz, y descarta que tenga que dejar el cargo.Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, dijo al respecto que “la oposición real” sale a “arreglar todos los desaguisados” del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el “desastre” de manifestación contra el Gobierno de este domingo. “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal”, expresó el ministro.
Dos de las tres asociaciones de fiscales piden su dimisión
La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidieron ayer la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.“Creo que la situación es insostenible”, aseguró la portavoz de la AF –la mayoritaria en la carrera–, Cristina Dexeus, que considera que García Ortiz no puede mantenerse en el cargo después de haber sido procesado porque sería “una causa absoluta de sonrojo y de vergüenza”.
Por su parte, el portavoz de APIF, Miguel Pallarés, pidió a García Ortiz que haga “un ejercicio de responsabilidad” como a su juicio sería “que partiera de él la necesidad de dimitir”.
El PP exige la comparecencia del presidente en el Congreso
El PP registró ayer una petición de comparecencia para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rinda cuentas ante el Pleno del Congreso por el procesamiento judicial del fiscal general del Estado.
Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que ha llegado el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y “quien le daba las indicaciones”, refiriéndose a Sánchez.Mientras, Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, denunció que el procesamiento de García Ortiz manda un mensaje de impunidad sobre la presidenta de la Comundiad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que en su opinión la intención es “tapar” la posible corrupción de su entorno.