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Una cuarentena de agentes de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana participaron, desde las 14.00 horas del viernes y hasta las 6.00 de la madrugada de ayer, en el operativo Kanpai contra la multirreincidencia que, en el caso de Lleida, se centró en el Eix Comercial y en otras zonas de la capital, con el objetivo de que “el ciudadano se sienta más seguro y el reincidente no tenga la sensación de impunidad”. El balance de la operación, que también se desarrolló simultáneamente en otra decena de grandes poblaciones catalanas, es sencillamente espectacular por lo que a datos se refiere. En Lleida se saldó con tres detenidos y 339 identificados que acumulan la estratosférica cifra de 1.617 antecedentes. En cuanto al conjunto de Catalunya, el plan Kanpai comportó la detención de 67 personas que sumaban un total de 497 antecedentes policiales y 18 investigados penalmente, así como la imposición de 193 denuncias istrativas de diversa tipología y 33 intervenciones en locales de índole variada. Paralelamente también el viernes trascendió que la Policía Nacional había hecho efectiva la expulsión en Catalunya de 13 personas extranjeras con numerosos antecedentes, una de ellas en Lleida ciudad. Se trata de un joven de 24 años que acumulaba un total de 43 causas, la mayoría por robos con violencia y una por un homicidio en grado de tentativa en la capital del Segrià. Habría sido expulsado posteriormente a Marruecos.

Este caso pone en evidencia de que, por muchas operaciones al estilo Kanpai que se lleven a cabo, necesarias y tranquilizadoras para la seguridad de la ciudadanía ante la reincidencia delictiva, si no van acompañadas de medidas jurídicas que prolonguen su efectividad poco efecto resolutivo tienen. Porque cabe recordar que el Congreso de los Diputados está tramitando desde hace meses una proposición de ley, presentada por Junts per Catalunya, para combatir la multirreincidencia, pero la norma continúa frenada después de que, a finales de febrero, se cerrara el plazo de enmiendas. Es necesario avanzar en este sentido para erradicar la sensación de impunidad que ahora impera puesto que se multiplican delitos que podrían considerarse leves, como los robos en vehículos, y que parece que no merezcan castigo, lo que causa la lógica de inquietud e inseguridad entre la ciudadanía. Los cuerpos policiales tienen detectados a muchos de estos reincidentes pero su función termina llevándolos ante el órgano judicial pertinente que, si a su vez no dispone de una legislación adecuada para ponerles freno, tampoco puede hacer más de lo que dicte la normativa. En definitiva, es una especie de pez que se muerde la cola pero que urgentemente necesita de normativas adecuadas y activar todos los resortes para ponerle solución de una vez por todas.

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