La selectividad como síntoma
Más de 2.450 alumnos de Lleida y unos 44.200 en todo Catalunya iniciaron ayer las pruebas de selectividad para el a la universidad, que continuarán hoy y mañana. Una de las principales novedades de este año es la reducción de la optatividad en los exámenes. A diferencia de lo que era habitual, los estudiantes no podrán elegir entre una opción y otra en historia, entre dos textos en lenguas o entre varios ejercicios en matemáticas, por poner unos ejemplos. También ha habido cambios en lo que respecta a la penalización en la nota de las faltas de ortografía. Solo se aplicaba en lengua y literatura catalana y castellana y ahora se amplía a otras seis materias de la modalidad de letras. Eso sí, en las dos primeras se limita como máximo a una reducción de dos puntos y en las otras, a uno. Se trata de una modificación que ilustra una de las deficiencias de la política educativa de las últimas décadas en Catalunya y el Estado: la improvisación. Y es que hasta la semana pasada todavía no se sabía con certeza qué criterios debían seguir los correctores de las pruebas con las faltas de ortografía, hasta el punto de que el Govern anunció primero que solo afectarían a catalán y castellano y después rectificó al cabo de unas horas. Profesores y directores de centros de Secundaria también se quejan de que no recibieron las directrices sobre cómo sería la selectividad hasta que el curso ya había comenzado, y defienden que deben planificarse al menos con dos años de antelación, con el objetivo de que afecten a los alumnos que comienzan el Bachillerato y no a los que ya han completado el primer curso. Asimismo, alertan de la descoordinación entre los departamentos de Educación y Universidades y destacan que el currículum del Bachillerato cada vez está más alejado de lo que piden las universidades en sus grados y de la propia selectividad. Todo ello con el telón de fondo de la polémica unificación de las asignaturas de ciencias para el próximo curso, que restará horas de docencia que, en todo caso, los centros deberán compensar con asignaturas específicas dentro de sus optativas, abriendo la puerta a un aumento de la disparidad de la formación de los alumnos, porque no todos los institutos y centros concertados disponen de los mismos medios para impartirlas. No hay que ser adivino para vaticinar que si hay un cambio de gobierno en España habrá una nueva ley orgánica educativa que volverá a transformar el modelo general y comportará sucesivas modificaciones. Y que si sucede lo mismo en la Generalitat también habrá retoques en los ámbitos de su competencia. Todo ello sin tener en cuenta a los representantes de la comunidad educativa y sin explorar la posibilidad de llegar a un consenso de mínimos entre las principales fuerzas políticas para dotar al sistema de un marco estable que permita a los centros trabajar con tranquilidad.
