España ya prohíbe las llamadas comerciales desde móviles para frenar las estafas telefónicas
La nueva normativa refuerza la protección frente a fraudes con medidas que limitan el uso de móviles y numeraciones internacionales manipuladas
Imagen de archivo de una persona utilizando su teléfono móvil.
Desde ayer sábado, las empresas y entidades públicas tienen prohibido realizar llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Esta medida forma parte de un plan impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública con el objetivo de combatir las estafas telefónicas y los fraudes por mensajería móvil, cada vez más frecuentes en nuestro país.
A partir de ahora, las llamadas comerciales solo podrán hacerse desde números especialmente atribuidos para ello, como el 1004 de Telefónica, o desde numeraciones geográficas que permitan identificar su origen. También se permitirá, como novedad, el uso de números gratuitos 900 y 800, que hasta ahora solo estaban habilitados para hacer llamadas y no para recibirlas.
La prohibición de realizar llamadas comerciales sin el consentimiento previo del ya estaba vigente desde junio de 2023, con la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones. No obstante, esta nueva fase refuerza la lucha contra el fraude, incorporando restricciones a llamadas y SMS de origen internacional que simulan proceder de números españoles, una de las prácticas más comunes en los intentos de suplantación.
Desde marzo, los operadores están obligados a bloquear cualquier llamada o mensaje con numeración no asignada, y ya han interceptado más de 14 millones de comunicaciones sospechosas. Telefónica ha liderado estos esfuerzos, implementando desde hace meses tecnologías de detección temprana. El plan contempla además la creación de una base de datos oficial en junio de 2026, que permitirá verificar los identificadores utilizados por empresas y istraciones en los SMS, con el fin de proteger la identidad del emisor y evitar manipulaciones.
El Ministerio advierte que el incumplimiento de estas medidas está considerado una infracción grave, con sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros. La normativa española sigue el camino de países como Finlandia, que han logrado reducir hasta en un 90 % los fraudes con acciones similares, y se alinea con lo ya implementado en otras naciones europeas como Francia, Alemania y Bélgica.
