Maltratadas de los partidos de Cervera y Balaguer deberán declarar en Lleida

El Col·legi de l’Advocacia de Lleida se opone de manera rotunda a que el juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital del Segrià asuma los casos de maltrato de los partidos judiciales de Balaguer y Cervera. Afirman que la centralización contraviene el principio de proximidad y revictimizará tanto a las mujeres maltratadas como a sus hijos.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Real Decreto que establece la creación de 50 nuevas plazas de jueces, entre ellas la de un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer en Lleida, que asumirá los partidos judiciales de Balaguer y Cervera y que está previsto que entre en funcionamiento a finales de año. Una centralización que el Col·legi de l’Advocacia de Lleida rechaza al considerar que “no solo es contraria a la normativa vigente sino que perjudica gravemente a las mujeres víctimas y a sus hijos” de estos dos partidos judiciales, con engloban a 118.445 habitantes de 77 municipios de Noguera, Urgell, Pla d’Urgell y Segarra. La Junta de Govern de la entidad ha elaborado un informe –preparado por la diputada segunda, Anna Llauradó– que se ha hecho llegar a la conselleria de Justicia en el que expone desde una perspectiva jurídica, técnica e institucional los motivos de su oposición a la propuesta. De 11 páginas y al que ha tenido SEGRE, recuerda el marco normativo aplicable. 

Así, por ejemplo, señala que la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece “la competencia territorial de los juzgados por el domicilio de la víctima, garantizando el fácil y rápido de los recursos judiciales”. También del Convenio de Estambul –ratificado por España– que obliga a “garantizar la accesibilidad de los servicios a las víctimas, especialmente a los que viven en entornos rurales o con dificultades de movilidad”. 

Desde el Col·legi de l’Advocacia se enumeran algunas consecuencias negativas de la centralización como ser el “obstáculo material y psicológico para muchas víctimas, especialmente aquellas que residen en zonas con mala conexión de transporte público o con dificultades de movilidad”, “una ruptura con los prinaspcipios de proximidad y accesibilidad” y dice que los partidos de Balaguer y Cervera “comprenden un territorio bastante extenso, además de tratarse de un territorio con vías de comunicación bastante complejas, y en muchos casos con carencia de transporte público”, lo que supone un perjuicio para las víctimas. Así, exponen hasta siete ejemplos con sus respectivas distancias y las posibilidades de transporte público para denunciantes y letrados (ver desglose). Consideran que la centralización supondrá un incremento de más del 60% del volumen de asuntos del juzgado –que ya se encuentra en situación de sobrecarga– pese a que habrá un segundo juez. 

Explican que en alguna ocasión las salas de espera han llegado a acoger hasta 11 víctimas a la vez, por lo que “estas condiciones dificultan una atención individualizada, segura y respetuosa”. En cifras, en el primer trimestre del año, hubo 195 casos en el turno de oficio de violencia doméstica en Lleida (787 en todo 2024), 24 en Balaguer (167 en todo el año pasado) y 38 en Cervera (159 en el ejercicio anterior). Estas cifras “evidencian la actividad y la importancia de mantener este servicio distribuido territorialmente”. Además, piden mejorar los recursos materiales y humanos del juzgado de Lleida “sin perjudicar el servicio de proximidad existente” y reiteran su oposición “rotunda”.

Aspectos destacados del informe del col·legi de l’advocacia de Lleida

Motivos para oponerse

El Col·legi de l’Advocacia afirma que la reforma contraviene los principios de proximidad y accesibilidad, pone en riesgo la seguridad, continuidad procesal y recuperación emocional de las víctimas y satura aún más al juzgado de Lleida.

Reclaman mantenerlos

Reclama mantener los juzgados de violencia doméstica de Balaguer y Cervera como órganos de primera atención y, a la vez, mejorar los recursos materiales y humanos del juzgado de Lleida sin perjudicar el servicio de proximidad existente.

Protección de las víctimas

Asegura que se debe garantizar la disponibilidad de espacios confidenciales y personal formado específicamente. Explican que en alguna ocasión en salas de espera han llegado a acoger hasta 11 víctimas a la vez, lo que dificulta una atención individualizada.

Centralización

Para explicarlo en cifras, en el primer trimestre del año hubo 195 casos en el turno de oficio de violencia doméstica en el partido judicial de Lleida (787 en el conjunto de 2024), 24 en Balaguer (167 en todo el año pasado) y 38 en Cervera (159 en el ejercicio anterior). Es decir, 326 casos del año pasado y 62 del primer trimestre de este entre los dos partidos judiciales afectados por la recentralización

Desplazamientos

El informe que se ha presentado a la conselleria de Justicia incluye siete ejemplos de desplazamientos. Desde Balaguer (unos 25 kilómetros y 27 minutos en coche), Cervera (55 km y 45 minutos), Àger (entre 57 y 71 km y alrededor de una hora de trayecto), Vilanova de Meià (70 km y una hora), Vallbona (55 km y 47 minutos), Massoteres (69 km y 54 minutos) y Talavera (74 kilómetros y 54 minutos). En algunos de ellos como Talavera o Massoteres no hay opciones de transporte público. En otros, como Àger o Vallbona, con transporte público se duplica el tiempo de desplazamiento.

Agravio

“Las distancias, aunque parezcan asumibles, son en realidad un agravio importante para víctimas que pueden no disponer de vehículo privado o que deben desplazarse con menores a cargo o en situaciones de riesgo”, asegura. Añaden que es “un obstáculo material y psicológico”.